El Tribunal de Cuentas enfrenta una crisis interna sin precedentes tras detectar el uso irregular de fondos europeos para financiar pensiones. El 28 de abril de 2026, aprobó la Cuenta General del Estado de 2024, pero las irregularidades han generado preocupación.
Se identificó que el Gobierno utilizó fondos europeos Next Generation para cubrir gastos estatales y pagos de pensiones. Este uso no se ajusta a las directrices establecidas por la Unión Europea.
Los consejeros propuestos por el PP emitieron un voto concurrente, lo que es poco común en este tipo de procedimientos. Javier Morillas, un miembro del tribunal, emitió el primer voto en contra en la historia contra una Cuenta General del Estado.
El informe del Tribunal señala que el Gobierno no presentó presupuestos actualizados durante el ejercicio. Esto ha llevado a cuestionar la transparencia y la correcta gestión de los recursos.
Además, se advirtieron irregularidades en el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) en Melilla. El 93% de los aprovisionamientos allí se realizaron mediante compras directas, lo que vulnera principios básicos de transparencia.
La tasa de temporalidad laboral en el Hospital Comarcal de Melilla fue del 23%, superando ampliamente el límite legal del 8%. Esto ha suscitado críticas sobre las condiciones laborales y la gestión del personal sanitario.
Las reacciones han sido diversas. Algunos analistas afirman que este escándalo podría tener repercusiones significativas para el Gobierno. Otros advierten sobre la necesidad urgente de reformas en la administración pública.
A medida que avanza la situación, se espera que se tomen decisiones drásticas para corregir estas desviaciones. La presión sobre el Gobierno aumenta mientras los ciudadanos exigen rendición de cuentas.
