El Ministerio de Universidades ha interpuesto un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra el centro universitario del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM). La entidad gubernamental argumenta que los colegios profesionales no tienen atribuida por ley la función de impartir docencia universitaria oficial.
La apertura del centro estaba prevista para septiembre de 2027. Sin embargo, el Gobierno considera que esta autorización afecta a competencias estatales y es contraria al ordenamiento jurídico. «Los colegios profesionales no tienen atribuida por ley la función de impartir docencia universitaria oficial, ni grados ni másteres», afirmó un portavoz del Gobierno.
Además, el PSOE-M ha recurrido la creación del centro universitario del ICAM. La Universidad Carlos III de Madrid también anunció su intención de impugnar este proyecto. Ángel Arias, representante del PSOE-M, expresó: «Es un error este paso, que abre la puerta a que los colegios profesionales puedan dar formación».
A pesar de la oposición, el ICAM defiende su proyecto. Asegura que su nuevo centro nace como un proyecto estrictamente académico y profesional. Sin embargo, continúa en medio de un juicio contra el fiscal general del Estado, lo que añade más complejidad a la situación.
Esta controversia surge tras la autorización inicial dada por el Gobierno de la Comunidad de Madrid el año pasado. La Ley de Universidades establece claramente las competencias y funciones asignadas a las instituciones educativas.
Observadores esperan una resolución rápida sobre este asunto. El impacto en la formación universitaria y en las competencias estatales podría ser significativo si se permite avanzar con el proyecto del ICAM.
