El Gobierno de Pedro Sánchez prevé regularizar al menos a 500.000 inmigrantes ilegales en España. Esta medida se interpreta como una amnistía encubierta que podría complicar aún más las expulsiones. La regularización anula las órdenes de expulsión o devolución para quienes se acojan a ella.
Antes de este anuncio, el año pasado, solo se ejecutó el 8% de las deportaciones previstas en España. Esto refleja un desfase estructural entre las órdenes emitidas y las realmente llevadas a cabo. La situación ha generado críticas sobre la efectividad del sistema migratorio español.
En Venezuela, Delcy Rodríguez anunció que la amnistía «llega a su fin» el 23 de abril de 2026. Hasta esa fecha, 8.616 personas habían sido amnistiadas. Sin embargo, aún hay 473 presos políticos según organizaciones no gubernamentales como Provea y Acceso a la Justicia.
Reacciones sobre la Ley de Amnistía:
- Patricia García-Gallardo afirma: «Es una amnistía en toda regla».
- Provea califica la medida como «arbitraria e inconstitucional».
- Acceso a la Justicia critica la intromisión del Ejecutivo nacional en competencias legislativas y judiciales.
- Justicia, Encuentro y Perdón lamenta que la ley sea un ejercicio retórico más que un instrumento genuino para devolver libertad.
A medida que avanza esta situación, el impacto sobre los derechos humanos y las políticas migratorias en Europa será crucial. Las implicaciones para los inmigrantes y la capacidad del Gobierno para gestionar estas regularizaciones están bajo un intenso escrutinio público.
Miguel Díaz
Miguel cubre tecnología, ciencia e innovación de todo el mundo.
