Presión política sobre la sede de la final del Mundial 2030
La organización del Mundial de 2030, que involucra a España, Marruecos y Portugal, ha generado un debate político significativo en España. Diversos partidos han instado al Gobierno a garantizar que la final del campeonato se celebre en territorio español. La oposición ha solicitado un debate sobre la conveniencia de mantener la alianza organizativa y, como alternativa, que se asegure que la final tenga lugar en España.
El Partido Popular ha sido explícito en sus demandas, advirtiendo al Gobierno que si España no es la sede de la final, cuestionará la continuidad del país en la organización de la Copa del Mundo. Esta postura cobra relevancia, ya que la elección de la sede de la final podría coincidir con un posible gobierno del PP, dependiendo de los plazos y los resultados de las próximas elecciones generales.
Borja Sémper, portavoz de Cultura y Deporte del PP, firmó una carta dirigida a la Ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón. En la misiva, se destaca que España está asumiendo el coste económico de la organización y se solicita una reunión para establecer una colaboración. Sémper criticó al Ejecutivo por su inacción, señalando que la decisión sobre la final se tomará en los despachos y que España no puede presentarse solo con declaraciones cuando otros actúan con una estrategia coordinada.
La ministra Milagros Tolón, al ser consultada sobre el asunto, afirmó que confían en ser sede de la final porque, según sus palabras, «nos lo merecemos». Añadió que «la final no es un favor que haya que solicitar, sino la consecuencia natural del liderazgo de España».
Reacciones de otros partidos y la polémica con Marruecos
La posición del PP no ha sido la única. En un corto periodo, partidos de diferentes ideologías han coincidido en la necesidad de abordar la situación. Sumar inició el debate, reclamando una revisión de la candidatura conjunta y planteando la posibilidad de revisar la condición de anfitrión de cualquier país que incumpla gravemente los derechos humanos. A esta iniciativa se sumaron posteriormente Podemos y otros líderes de izquierda.
La controversia se intensificó cuando Vox registró una proposición no de ley en el Congreso para instar al Gobierno a solicitar a la FIFA la exclusión de Marruecos del Mundial de 2030. El partido considera que los acontecimientos recientes han roto las condiciones de confianza necesarias para una candidatura compartida y exige que España garantice que la final se dispute en territorio nacional.
Según Vox, Marruecos «no es un socio leal, ni para organizar un evento deportivo de esta magnitud ni para ninguna cuestión de vecindad». Además, el partido ultraconservador subraya que ceder a las demandas de Marruecos o a la supuesta petición de Gianni Infantino implicaría «una humillación deliberada que debe ser evitada con toda energía por España».
La presión sobre el Gobierno de Pedro Sánchez ha aumentado, especialmente después de que se informara sobre una supuesta oferta del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, a Rabat para albergar la final del Mundial de 2030 a cambio de su apoyo. Aunque la FIFA desmintió esta información, la polémica persiste. El Gobierno, por su parte, ha mantenido un perfil bajo, aunque la presión creciente proviene de diversas posiciones ideológicas.
El PSOE no ha tomado una postura clara respecto a las proposiciones presentadas por sus socios y por Vox. La ministra Milagros Tolón ha reiterado que, por el momento, no hay intención de reconsiderar la participación de Marruecos en el Mundial, afirmando que están «centrados en organizar el mejor Mundial de la historia».

La cuestión de la sede de la final del Mundial de 2030 sigue sin resolverse, con Marruecos presionando para que el partido decisivo se juegue en el estadio que está construyendo en Casablanca. Esta presión se considera relevante debido a la relación entre Rabat y Estados Unidos, y entre el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el exmandatario estadounidense Donald Trump.
La crisis migratoria en Ceuta ha sido un factor que ha intensificado el debate, con Vox argumentando que los acontecimientos han quebrado los principios de confianza y cooperación necesarios para una candidatura compartida. El grupo parlamentario presentó su proposición no de ley este jueves.
Source: elmundo.es










