La nueva normativa de ascensores en España obliga a las comunidades de propietarios a realizar derramas de hasta 40.000 euros para cumplir con los estándares de seguridad. Esta regulación, introducida por el Real Decreto 355/2024, establece exigencias técnicas que buscan mejorar la seguridad y funcionamiento de los elevadores.
Las derramas pueden variar desde importes moderados hasta cifras que alcanzan o superan los 40.000 euros por ascensor. Las intervenciones más sencillas pueden rondar los 1.000 euros, mientras que las modernizaciones completas pueden alcanzar los 10.000, 15.000 o incluso 40.000 euros.
Las comunidades deben asumir estas derramas según su cuota de participación, independientemente del voto emitido en la junta. Además, la normativa establece plazos de actuación tras las inspecciones técnicas, que pueden variar entre tres y diez años.
El incumplimiento de estos plazos puede acarrear sanciones o incluso la paralización del ascensor. Sin embargo, la ley no exige la ejecución inmediata de todas las mejoras; se aplicará de forma progresiva.
El objetivo es reducir averías y minimizar riesgos en un elemento esencial en edificios de varias alturas, donde el ascensor es una necesidad diaria. La ley no impone una sustitución general de los ascensores, sino una adaptación a estos requisitos de seguridad obligatorios.
Miguel Díaz
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